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Masacre en Pradera enluta al
Valle del Cauca tras visita presidencial
Tres personas fueron asesinadas a sangre fría la noche del jueves 12 de junio en
una vía rural del municipio de Pradera, Valle del Cauca. El hecho, que ha
estremecido a la comunidad, ocurrió pocas horas después de la visita del
presidente Gustavo Petro a la región, donde encabezó un Consejo de Seguridad
para abordar la crítica situación de orden público que atraviesa el
departamento.
Las víctimas, dos hombres y una mujer aún sin identificar, se movilizaban en un
vehículo negro de placas IZP 662, registrado en Cali. El ataque tuvo lugar en el
corredor que conecta el corregimiento de Potrerito con el sector de La Feria.
Según testigos, los cuerpos fueron hallados junto al vehículo, presentando
múltiples impactos de bala. Uno de los cadáveres portaba un cartel con un
mensaje intimidante: “Por trabajar con el Frente 57. Att: Adán Izquierdo”.
Este mensaje ha despertado temores sobre una posible disputa interna entre
facciones disidentes de las antiguas Farc. En la zona actúan con fuerza
estructuras como los frentes Adán Izquierdo, Dagoberto Ramos y Yair Bermúdez,
todos señalados por las autoridades como responsables de múltiples ataques en el
suroccidente del país.
El crimen ocurre en medio de una creciente ofensiva del Gobierno nacional para
retomar el control territorial en el Valle del Cauca. En los últimos días, el
ministro de Defensa, Pedro Sánchez, visitó Cali y Jamundí tras atentados que
dejaron cinco muertos y más de 70 heridos. Como respuesta, anunció la
implementación de la operación Coraza, con el objetivo de desarticular a los
grupos armados ilegales que operan en la región.
“El Estado no va a retroceder”, afirmó el alcalde de Cali, Alejandro Éder, quien
destacó la llegada de 100 nuevos policías y anunció que se espera el arribo de
otros 760 para finales de año.
Mientras tanto, la gobernadora Dilian Francisca Toro urgió a reforzar los
controles viales, clave para frenar el transporte de explosivos. También planteó
acelerar programas de sustitución de cultivos ilícitos con enfoque social, como
una vía para debilitar las finanzas de los actores ilegales.
Aunque las autoridades aún no confirman los móviles de la masacre, la población
permanece en vilo. La violencia no da tregua y, una vez más, el Valle del Cauca
clama por paz en medio de un conflicto que se reinventa con cada ataque.
Ejército frustra plan
terrorista de disidencias de las FARC en el Meta
Un contundente golpe a las
disidencias de las FARC propinó el Ejército Nacional en las últimas horas, tras
descubrir e incautar un poderoso arsenal de guerra en zona rural del municipio
de La Macarena, Meta. El operativo, desarrollado por la Fuerza de Tarea Conjunta
Omega, tuvo lugar en la vereda El Triunfo, donde los uniformados hallaron un
depósito ilegal con más de 1.650 cartuchos de munición de distintos calibres y
35 proveedores.
Las
autoridades confirmaron que el material bélico pertenecía a la estructura Jhon
Linares, del Bloque Jorge Suárez Briceño, una de las facciones armadas más
activas de las disidencias en esta región del suroriente colombiano. De acuerdo
con la información recabada por inteligencia
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militar, este armamento iba a ser utilizado para perpetrar ataques terroristas
contra la población civil y miembros de la fuerza pública.
“Con este resultado se logra neutralizar directamente los planes delictivos de
alias Calarcá, cabecilla de este grupo armado, y su accionar violento en el
Meta”, aseguró el Ejército en un comunicado oficial. El operativo hace parte de
la estrategia de seguridad denominada Ayacucho Plus, que busca debilitar las
estructuras ilegales en territorios estratégicos para el narcotráfico.
La reacción de las autoridades civiles no se hizo esperar. La alcaldesa de La
Macarena, Bibiana Maritza Morales, expresó que el decomiso evitó “una tragedia
mayor”, y reiteró el compromiso de su administración con la seguridad del
municipio. “En el Meta no vamos a ceder frente al terrorismo”, afirmó con
firmeza.
Desde Villavicencio, la gobernadora Rafaela Cortés también se pronunció: “Mi
agradecimiento al Ejército por evitar una escalada violenta. No bajaremos la
guardia”.
El teniente coronel Fabián Andrés Bueno, quien lideró la operación, indicó que
el arsenal fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su
análisis forense. Además, señaló que las operaciones continuarán en los
departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare.
Las fuerzas militares reiteraron el
llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa. “Nuestro
compromiso es con Colombia y su gente”, concluyó el oficial, ratificando que la
lucha contra el crimen organizado no da tregua.
Acuerdo en Nariño abre nuevo
capítulo de esperanza: Gobierno y Comuneros del Sur pactan zona de paz
En medio del recrudecimiento de la violencia en el suroccidente colombiano, una
noticia genera esperanza: el Gobierno nacional y el Frente Comuneros del Sur
acordaron la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de
Mallama, Nariño. Este paso marca un avance significativo dentro del proyecto de
“Paz Total” del presidente Gustavo Petro.
El anuncio se dio el martes 10 de junio, tras la séptima ronda de diálogos entre
las partes, desarrollada en Pasto. La ZUT se ubicará dentro del Resguardo
Indígena Gran Mallama, luego de que sus autoridades dieran el visto bueno para
acoger este proceso. El espacio busca ser un punto de transición hacia la
desmovilización y reintegración de los excombatientes a la vida civil, con una
duración inicial de un año.
Carlos Erazo, jefe de la delegación del Gobierno, explicó que la zona funcionará
bajo el marco del Estado social de derecho, y que
el ingreso de los miembros del grupo armado será gradual y controlado. “La paz
en los territorios es real y vamos a concretarla en este año”, afirmó.
Como parte del acuerdo, se suspenderán órdenes de captura, incluso las de
extradición, para facilitar la concentración de los integrantes del grupo
disidente. Pero más allá del componente judicial, hay compromisos sociales
importantes: Comuneros del Sur se comprometió a abstenerse de acciones que
pongan en riesgo a menores de edad, y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) iniciará un proceso de caracterización de niños y adolescentes
en los municipios más afectados por el conflicto.
“Nos comprometemos a garantizar derechos y a prevenir cualquier acción que los
vulnere”, señala el acuerdo, que también prevé una Subcomisión Técnica de
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Infancia
con participación del grupo armado. En paralelo, la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización (ARN) deberá definir en 60 días la ruta de
reintegración para los excombatientes.
Este esfuerzo en Mallama se suma a procesos similares en Tibú y Roberto Payán, y
cuenta con el respaldo de organismos como la Conferencia Episcopal, la embajada
del Reino de los Países Bajos y la Misión de la OEA.
Para el gobernador Luis Alfonso Escobar, este acuerdo es “un anuncio muy
importante” que puede marcar el inicio de un verdadero desescalamiento del
conflicto en Nariño.
El legado sangriento de
“Mayimbú” revive el terror en Cauca y Valle del Cauca
Tres años después de su muerte, el
nombre de Leider Johani Noscue, más conocido como alias “Mayimbú”, volvió a
sacudir con fuerza al suroccidente colombiano. El pasado 10 de junio, una serie
de atentados simultáneos, atribuidos a las disidencias de las FARC, dejaron una
estela de muerte y miedo en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
Veinticuatro acciones violentas en siete horas marcaron el día, con un saldo
fatal: siete personas muertas, entre ellas dos policías, y 28 heridos.
Las autoridades creen que estos ataques estarían relacionados con el aniversario
de la muerte de “Mayimbú”, uno de los líderes más temidos de las disidencias.
Así lo indicaron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el director de
la Policía, Carlos Fernando Triana. La Fiscalía ya abrió siete investigaciones
criminales, con fiscales especializados en terreno, para esclarecer lo ocurrido.
¿Pero por qué sigue pesando tanto la figura de “Mayimbú”? Nacido en Toribío,
Cauca, este hombre ingresó a las filas de las FARC a los 19 años. En poco
tiempo, bajo el ala de alias “Papá Chino”, aprendió las prácticas más crueles
del conflicto: secuestros, asesinatos y control territorial. Su ascenso fue
meteórico y tras el Acuerdo de Paz de 2016, lejos de reinsertarse, se convirtió
en el jefe de la Columna Móvil Jaime Martínez, una de las disidencias más
violentas.
Condenado por secuestro agravado y sentenciado a 18 años, “Mayimbú” fue
beneficiado en 2017 por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que le
permitió salir en libertad condicional. Una decisión que, a la postre,
fortaleció la reconfiguración criminal de las disidencias. Rápidamente se unió
al grupo de alias “Gentil Duarte” y lideró la expansión de los grupos armados
hacia Valle y Nariño.
Su prontuario fue creciendo. Se le atribuyen el asesinato del gobernador
indígena Edwin Dagua en 2018, la muerte de una ciudadana argentina en Caloto ese
mismo año, y la masacre de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez,
junto a cinco acompañantes, en 2019. Las amenazas y el control violento sobre
comunidades indígenas y campesinas fueron parte de su estrategia para imponer su
dominio.
Aunque en 2022 la Autoridad Nacional Indígena buscaba juzgarlo dentro de su
jurisdicción, la historia de “Mayimbú” terminó el 13 de junio de ese año, cuando
un grupo de inteligencia militar lo abatió en la vereda Chirriadero, Suárez. Lo
reconocieron por un tatuaje en su antebrazo con su nombre. Su muerte, lejos de
cerrar un ciclo, dejó una huella que hoy, con los recientes ataques, demuestra
que su legado violento sigue vivo entre quienes lo consideran un símbolo de
lucha armada.
Mientras tanto, las disidencias advierten a la población que no se acerquen a
estaciones de Policía ni a explosivos abandonados. La guerra, según sus propias
palabras, sigue siendo frontal. Y el fantasma de “Mayimbú”, aún desde la tumba,
parece seguir dando órdenes.
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