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Bogotá contará con una nueva
política de sustancias psicoactivas
La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur suscribieron un
convenio de cooperación internacional orientado a la formulación de una nueva
política pública de sustancias psicoactivas, de carácter intersectorial,
participativo y que promueva la salud pública y la convivencia ciudadana.
Esta alianza se enfoca en actualizar el marco de acción de Bogotá frente al
fenómeno de las sustancias psicoactivas, reemplazando la política vigente desde
el 2011 por un instrumento acorde a las necesidades y retos actuales, con
proyección a 10 años.
El proceso de formulación se estructura siguiendo los lineamientos del CONPES
D.C. que plantea cuatro fases: la primera de preparación y alistamiento en donde
se organizan los equipos técnicos, las metodologías e instrumentos necesarios
para la participación ciudadana.
La segunda fase de consulta participativa involucrará de manera directa a 11.000
personas a través de encuestas, mesas de trabajo, entrevistas, foros
comunitarios y grupos focales para identificar el problema público, los puntos
críticos y las alternativas de solución.
El tercer momento consiste en la formulación técnica en donde se define el marco
conceptual, la gobernanza, los ejes estratégicos, el plan de acción, así como
los mecanismos de evaluación y participación de la política. Finalmente, la
cuarta fase contempla la aprobación y la socialización de la política.
La construcción de la política estará liderada por la Secretaría Distrital de
Salud en coordinación con el Consejo Distrital de Estupefacientes y los sectores
de Seguridad, Integración Social,Gobierno, Planeación y Educación.
Se garantizará la participación ciudadana, mediante metodologías presenciales y
virtuales en los niveles distrital y local, convocando a la sociedad civil, la
academia, la institucionalidad y las comunidades más afectadas por el problema
del consumo y tráfico de sustancias psicoactivas.
Cali: intervención de zonas
destruidas por terrorismo avanza 25%
La capital vallecaucana, aún consternada por los actos de terrorismo ocurridos
el pasado martes 10 de junio, puso en marcha un plan de recuperación y
mitigación en las zonas impactadas. Tres días después de los lamentables
sucesos, la Administración Distrital, a través de la Unidad de Bienes y
Servicios, reporta un avance del 25% en las labores de intervención.
Inmediatamente después de los ataques, que activaron la póliza de seguros de la
Alcaldía, se estableció un plan de mitigación prioritario. Noralba García,
directora de Bienes y Servicios, afirmó: "24 horas después de los ataques que
vivió la ciudad, iniciamos la intervención en los puntos afectados. Aquí lo
primero que tenemos que establecer es evitar la extensión del daño y mitigar el
riesgo".
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Los primeros esfuerzos se concentraron en un inventario detallado de los daños
comunes en las áreas afectadas.
Equipos de trabajo se desplegaron para la limpieza y remoción de material, el
levantamiento técnico de reportes y la toma de medidas para la instalación de
elementos esenciales como vidrios y tejas.
Al día de hoy, el progreso del 25% se refleja en la reparación de muros y
paredes en las zonas directamente afectadas.
Previo a estas reparaciones, fue necesaria la demolición de todo aquello que
había sido impactado por la onda explosiva. Las próximas fases de intervención
incluyen el trabajo en los cielos falsos y el restablecimiento de las redes
eléctricas, además de la evaluación de otros daños por determinar.
Un componente crucial de este proceso es la coordinación con la compañía
aseguradora. Se realizará un estudio de vulnerabilidad exhaustivo en cada área
afectada para determinar el alcance y la cuantía total de los daños. Este
estudio será fundamental para decidir si, en algunos casos, los inmuebles
requerirán una reconstrucción completa.
Se estima que las tareas de reparación total se extiendan por aproximadamente 60
días, aunque esta duración depende de un estudio diagnóstico que por sí mismo
requiere un tiempo mínimo de 10 días hábiles para su conclusión3. La ciudad
avanza, paso a paso, en la recuperación de su tranquilidad y de sus espacios
públicos.
Emergencia vial en Casanare,
Meta y Boyacá: Gremios claman por intervención urgente del Gobierno
Los gremios productivos de Casanare, Meta y Boyacá alzaron su voz con fuerza
ante el Gobierno Nacional para exigir una respuesta inmediata a la grave crisis
vial que se vive en la región debido a los estragos causados por las lluvias y
recientes movimientos sísmicos. Las afectaciones en corredores clave como la vía
Villavicencio–Yopal y la Transversal del Cusiana están paralizando la movilidad,
impactando la economía local y poniendo en riesgo la próxima cosecha arrocera
del país.
El cierre total del tramo entre Cumaral y Barranca de Upía, ocasionado por el
sismo del pasado domingo, dejó al menos diez puntos críticos en la vía, entre
grietas profundas, daños en la capa asfáltica y estructuras comprometidas en
puentes como Santa Inés, Humadea, Cabuyarito y el peatonal Japón. Esta situación
ha cortado la comunicación terrestre entre Meta y Casanare, una arteria vital
para el transporte de carga pesada y productos agroindustriales.
Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, fue uno de los primeros en advertir
sobre el impacto potencial. Según explicó, si no se restablece el paso vehicular
a tiempo, la cosecha arrocera que comienza a finales de julio —y que moviliza
cerca de un millón de toneladas de arroz paddy verde en más de 20.000 viajes de
tractomula— podría enfrentarse a un colapso logístico sin precedentes.
La situación es aún más compleja si se tiene en cuenta que la Transversal del
Cusiana, conexión fundamental entre Boyacá y Casanare, ha sufrido siete cierres
prolongados en los últimos cuatro años
por fallas geológicas. A pesar de las inversiones realizadas, la inestabilidad
del terreno sigue generando interrupciones constantes.
Fedepalma también expresó su preocupación por los efectos en la producción de
palma de aceite y la movilidad laboral en el norte del Meta y Casanare. A través
de reuniones con productores, busca evaluar daños y coordinar estrategias, al
tiempo que exige al Gobierno habilitar rutas alternas seguras y mantener
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un acompañamiento técnico sostenido.
La Cámara de Comercio de Casanare estima pérdidas diarias por encima de los
7.900 millones de pesos solo en ese departamento, afectando gravemente sectores
clave como agricultura, ganadería, comercio y turismo. María Paula Gómez y Ana
Elvia Ochoa, representantes de los consejos gremiales de Casanare y Boyacá,
solicitaron a la ministra de Transporte, al director del Invías y a la
Defensoría del Pueblo la creación inmediata de una mesa de trabajo.
La magnitud de la afectación es tal que cerca del 60 % de los productos que
salen de los Llanos Orientales utilizan estos corredores. Sin su operatividad,
no solo se pone en jaque la economía regional, sino también el abastecimiento de
alimentos a nivel nacional.
Mientras tanto, la Policía de Tránsito del Meta habilitó rutas alternas para
vehículos de menos de 52 toneladas, pero estas no suplen la demanda logística
que requieren los sectores productivos. La región espera que el llamado sea
escuchado.
Crisis energética en la Costa
Caribe: La confianza, al borde del apagón
En la Costa Caribe, la electricidad sigue fluyendo, pero la confianza en el
sistema energético nacional titila como una bombilla a punto de fundirse. La
reciente intervención de Air-e, la empresa encargada de distribuir energía en
Atlántico, Magdalena y La Guajira, ha puesto en evidencia que el problema va
mucho más allá de las finanzas: es una crisis de credibilidad que amenaza con
extenderse a todo el sector.
En menos de un año, Air-e ha visto pasar cuatro agentes interventores. El más
reciente, Nelson Javier Vásquez, asumió el reto de enderezar el rumbo de una
compañía que arrastra deudas por $1,5 billones, una cifra que podría financiar
universidades públicas o impulsar el desarrollo ferroviario del país. Pero este
monto es solo la punta del iceberg. Según la Asociación Nacional de Empresas
Generadoras (ANDEG), el mayor riesgo es que Air-e no logre cumplir con sus
compromisos, lo que podría desencadenar una reacción en cadena de impagos y
afectar la operación de plantas térmicas, fundamentales en épocas de sequía como
la vivida recientemente con el fenómeno de El Niño.
El origen de la crisis no es reciente. Se trata de años de subsidios acumulados,
decisiones regulatorias postergadas y una Comisión de Regulación de Energía y
Gas (CREG) que aún no cuenta con el equipo técnico completo. Hace apenas tres
semanas, el Gobierno giró $2,5 billones para aliviar parte de las deudas
atrasadas, pero el respiro fue momentáneo: aún quedan pendientes $5,1 billones
por saldar, según el Comité Intergremial.
La situación es especialmente delicada en la región Caribe, donde la tensión se
siente en cada factura. Solo en subsidios eléctricos no girados hay $2,7
billones pendientes, y otros $3,3 billones por la llamada “opción tarifaria”,
una deuda que el Gobierno decidió trasladar a los estratos altos, comercios e
industrias. En mayo, se giraron $697.000 millones para Air-e y Afinia, pero la
incertidumbre persiste.
El sector energético colombiano está en jaque. Si no se recupera la estabilidad
financiera, la inversión privada podría retraerse y los generadores amenazan con
frenar operaciones. Mientras tanto, el Ministerio de Minas y Energía busca
atraer inversiones extranjeras y destrabar proyectos de energía limpia, pero la
solución de fondo aún parece lejana.
Hoy, más que nunca, la confianza en el sistema eléctrico es la columna vertebral
que sostiene a millones de colombianos. Si esa confianza se apaga, el país
entero podría quedarse a oscuras.
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