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Denuncian plan sistemático para asesinar a
miembros de la Fuerza Pública en Colombia
En medio de una preocupante escalada de violencia, el presidente Gustavo Petro
denunció el martes la existencia de un presunto "plan pistola" dirigido a
asesinar sistemáticamente a miembros de la Fuerza Pública en Colombia. En apenas
dos semanas, 15 policías y 12 militares han sido asesinados, según datos
entregados por el propio mandatario, quien compartió una lista con los nombres
de los uniformados caídos desde el 15 de abril.
Petro aseguró que detrás de esta ola de asesinatos estarían las disidencias de
las FARC y el Clan del Golfo, una de las organizaciones narcotraficantes más
poderosas del país. Según su denuncia, estas estructuras estarían replicando una
estrategia de terror similar a la empleada por Pablo Escobar en los años 90,
cuando se pagaba por cada uniformado asesinado como parte de una guerra abierta
contra el Estado.
“Es un asesinato sistemático de hijos del pueblo. Nosotros no vamos a
retroceder”, escribió el presidente en su cuenta oficial de la red X, mientras
anunciaba una ofensiva directa contra el Clan del Golfo, incluso advirtiendo que
la persecución se extenderá hasta sus presuntos aliados en Dubái.
Los ataques no se han limitado a enfrentamientos armados. Estaciones de policía,
estructuras militares e incluso agentes en sus días de descanso han sido blanco
de atentados. Uno de los hechos más dolorosos ocurrió el pasado domingo, cuando
siete soldados fueron emboscados por disidencias de las FARC en una zona
selvática del departamento de Guaviare, pese a que ese grupo se encuentra en
diálogos de paz con el gobierno.
La situación ha despertado alarma en varios sectores. La Procuraduría General
solicitó al Ministerio de Defensa un informe detallado sobre lo que calificó
como “acciones sistemáticas de violencia” contra los miembros de la Fuerza
Pública.
Escalada de la violencia
Colombia atraviesa su mayor pico de violencia desde la firma del Acuerdo de Paz
en 2016. Las negociaciones con los grupos armados ilegales han tenido avances
marginales. Mientras el gobierno dialoga con dos facciones disidentes de las
FARC y un pequeño frente del ELN, las conversaciones con el grueso de este
último grupo, el Clan del Golfo y el Estado Mayor Central —comandado por “Iván
Mordisco”—, han fracasado.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue claro el pasado viernes al
reconocer que la política de paz del gobierno “no ha salido bien”. Mientras
tanto, más de 22.000 hombres en armas continúan en actividad ilegal en el país,
alimentando un conflicto que ya deja casi 10 millones de víctimas tras más de
seis décadas de violencia.
La salida de Shell de Colombia enciende alarmas en
el sector energético
La reciente decisión de la multinacional Shell de retirarse de Colombia ha
generado una fuerte sacudida en el sector energético del
país. Así lo manifestó la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol),
que calificó la noticia como un golpe más a una industria que ya enfrenta un
escenario complejo.
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Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, expresó su preocupación frente al
retiro de Shell, sumándose a la lista de al menos seis grandes compañías que han
abandonado operaciones en Colombia. Para el gremio, la situación evidencia una
creciente dificultad para atraer y mantener inversionistas en proyectos
energéticos estratégicos, especialmente en el campo del gas natural.
Aunque Castañeda resaltó que el país aún envía señales de compromiso hacia el
desarrollo energético —lo cual podría abrir oportunidades para nuevos actores
que asuman la participación dejada por Shell—, no ocultó el impacto negativo que
supone la salida de una empresa de tal envergadura. “Es una noticia triste para
el sector”, puntualizó.
Shell estaba vinculada a proyectos de exploración de crónchor, una actividad que
demanda inversiones multimillonarias y una alta tolerancia al riesgo. En
palabras del presidente de Campetrol, se trata de negocios que requieren
empresas con músculo financiero capaz de invertir entre 3.000 y 5.000 millones
de dólares. “Necesitamos compañías grandes, con capacidad técnica y económica,
que puedan sacar adelante estos desarrollos”, advirtió.
El retiro de Shell también deja en evidencia la creciente incertidumbre
regulatoria y política que enfrentan las compañías extranjeras en Colombia. Su
decisión no solo implica una pérdida de capital, sino también de experiencia
técnica y conocimiento especializado, elementos clave para consolidar una matriz
energética más diversificada.
La industria energética colombiana se encuentra en una encrucijada: necesita
inversión extranjera, pero enfrenta barreras cada vez más complejas para
atraerla. Mientras tanto, la salida de gigantes como Chevron, Exxon Mobil y
ahora Shell, pone en duda la sostenibilidad de proyectos clave para el futuro
energético del país.
En Colombia ya hay más hogares pagando arriendo
que con vivienda propia
El sueño de tener casa propia, que por décadas fue símbolo de estabilidad para
los colombianos, parece estar dando un giro inesperado. Por primera vez, desde
2024, hay más hogares arrendando que habitando una vivienda en propiedad. Así lo
revela un informe de BBVA Research que retrata una transformación silenciosa,
pero profunda, en el comportamiento habitacional del país.
Hoy, 7,3 millones de hogares viven en arriendo, frente a 7,1 millones que
cuentan con una vivienda propia. La cifra no solo marca un hito, sino que ubica
a Colombia como el país con mayor proporción de arrendatarios en América Latina,
con un 40 % de sus hogares bajo esta modalidad.
Las causas no son pocas. A la caída del poder adquisitivo se suma el
encarecimiento del crédito, la reducción de subsidios y la incertidumbre
económica, que han enfriado la compra de vivienda, especialmente entre los
estratos más vulnerables. En apenas dos años, las ventas de viviendas de interés
social (VIS) por cada 1.000 hogares pobres pasaron de 33 a solo 18. Un desplome
que no solo refleja la contracción del mercado, sino también la creciente
imposibilidad de muchos colombianos para acceder a una vivienda formal.
La industria constructora también ha ajustado su ritmo. En 2024, los
lanzamientos de nuevos proyectos cayeron un 13,5 %, mientras que las
iniciaciones —es decir, obras que realmente arrancan— se redujeron en 7,3 %.
Hoy, ningún constructor se arriesga sin al menos el 80 % de las preventas
aseguradas, un cambio drástico respecto a 2018, cuando bastaba con el 33 %.
Mientras tanto, los arriendos no paran de subir. Con menos oferta disponible,
tanto en vivienda nueva como usada, los precios de renta llevan casi dos años
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encima de la inflación. En contraste, el precio de venta de
vivienda nueva ha bajado en términos reales en ciudades como Bogotá y Cali.
Medellín, con un leve crecimiento real, es una excepción.
Este contexto ha disparado la rentabilidad del alquiler, atrayendo a
inversionistas, sobre todo en zonas turísticas donde proliferan las llamadas
“viviendas de corta estadía”. Sin embargo, el país aún no despega en el modelo
multifamily, donde empresas administran edificios completos para arriendo. A
diferencia de México o Chile, Colombia carece de regulación específica, y la Ley
820 no contempla esta figura.
A pesar de todo, el mercado no está muerto. Solo está en pausa. Las tasas
hipotecarias han bajado, y la demanda sigue latente. Pero sin una política clara
y sostenida desde el Estado, el déficit habitacional —más cualitativo que
cuantitativo— seguirá siendo una herida abierta, sobre todo en regiones
olvidadas como Chocó o Vichada.
EE.UU. lanza nueva alerta de viaje por violencia
en Colombia
La Embajada de Estados Unidos en Colombia volvió a encender las alarmas el lunes
al emitir una advertencia de seguridad para uno de los departamentos más
visitados del país: el Valle del Cauca. El mensaje, aunque breve, no deja lugar
a dudas sobre la creciente preocupación del gobierno norteamericano por el
recrudecimiento de la violencia en varias zonas del territorio colombiano.
La nueva alerta llega días después de un ataque con explosivos contra un CAI en
el departamento, un hecho que puso en evidencia la compleja situación de orden
público que enfrenta la región. “Replantéese viajar a esta área”, fue la
recomendación tajante publicada por la embajada en su sitio web oficial.
“Crímenes violentos, como robos armados y asesinatos, son comunes. Grupos
terroristas están activos en algunas áreas”, añadieron.
A raíz de este contexto, algunos empleados del gobierno estadounidense que
trabajan en Colombia tienen ahora prohibido viajar al Valle del Cauca. Esta
medida se suma a restricciones previas para otras regiones como Arauca, Cauca
(excepto Popayán) y Norte de Santander, que ya están bajo alerta de nivel 4, la
más alta del Departamento de Estado, con una recomendación clara: no viajar.
Lo más preocupante es que esta advertencia no se limita a zonas remotas o
fronterizas. El Valle del Cauca, con Cali como su capital, es un centro urbano y
turístico de gran relevancia para Colombia. La inclusión del departamento en
esta categoría refleja el nivel de tensión que se está viviendo y la percepción
internacional sobre los riesgos en el país.
El anuncio también se da tras una ola de atentados, asonadas y hostigamientos
contra la Fuerza Pública en distintos puntos del país.
El Departamento de Estado mantiene a Colombia en el nivel 3 de su escala de
advertencias de viaje, lo que implica reconsiderar desplazamientos por motivos
de seguridad relacionados con crimen, terrorismo, disturbios civiles y
secuestros. Además, recomienda a los ciudadanos estadounidenses revisar
cuidadosamente la advertencia completa antes de viajar.
Las recomendaciones incluyen evitar manifestaciones, no mostrar signos de
riqueza, no desplazarse de noche, adoptar un perfil bajo y mantenerse informado
por medios locales. También se sugiere a los viajeros inscribirse en el Programa
de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas, contar con
seguros médicos y de evacuación, y preparar un plan de emergencia personal.
El mensaje de la embajada resuena no solo entre los turistas, sino también entre
autoridades locales que enfrentan una difícil tarea: garantizar la seguridad de
su población y recuperar la confianza internacional.
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