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Petro tiende la mano a
expresidentes en busca de un pacto político tras ola de violencia
En un momento de alta tensión institucional y de orden público, el presidente
Gustavo Petro ha dado un paso inesperado: abrir la puerta a un diálogo directo
con los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y otros exmandatarios, en
un intento por buscar consensos mínimos que permitan bajar la temperatura
política y frenar la escalada de violencia que sacude al país.
La propuesta fue confirmada por el ministro del Interior, Armando Benedetti,
quien desde la Casa de Nariño aseguró que el Gobierno está dispuesto a sentarse
con todos los sectores, incluidos aquellos con los que históricamente ha habido
profundas diferencias. “El presidente está dispuesto a reunirse directamente con
ellos, también lo haría con los expresidentes, estamos dispuestos a hablar con
ellos, a bajar el tono, a llegar a concretar unas reglas mínimas, que no termine
pasando lo que quieren los violentos”, afirmó Benedetti, subrayando la urgencia
de evitar que la tragedia se convierta en herramienta política.
El contexto no podría ser más delicado. El país aún no se repone del atentado
contra el senador Miguel Uribe en Bogotá, un hecho que ha encendido las alarmas
sobre la seguridad de los líderes políticos y ha reavivado el temor a que la
violencia vuelva a ser protagonista en la vida nacional. Benedetti fue enfático
al advertir sobre el riesgo de que algunos sectores intenten sacar réditos
políticos del dolor ajeno: “Lo más triste de este país es cuando los dirigentes
empiezan a hacer política con el dolor y con la sangre de los colombianos”.
Mientras tanto, el Gobierno evalúa si el presidente Petro mantendrá su viaje a
Cali para participar en las marchas del día de hoy, miércoles 11 de junio, donde
se busca defender la consulta popular y medir el respaldo al progresismo de cara
a las elecciones de 2026. La decisión, según Benedetti, aún no está tomada y
dependerá de consideraciones de seguridad.
A la par, los gobernadores del país, agrupados en la Federación Nacional de
Departamentos, han denunciado que solo en los primeros diez días de junio se han
registrado más de 30 actos violentos en las regiones, advirtiendo sobre una
“amenaza híbrida” que combina terrorismo y crimen organizado. El llamado es
claro: fortalecer la fuerza pública y evitar que Colombia regrese a los años
oscuros donde la violencia dictaba el rumbo de la democracia.
Nueve partidos piden al
registrador frenar Consulta Popular
Nueve partidos políticos de oposición e independientes pidieron al Registrador
Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, que no aplique el Decreto 0639 de
2025, emitido por el presidente Gustavo Petro y sus ministros. Argumentan que
este documento, que busca convocar una consulta popular nacional, carece de
sustento jurídico y va en contra de la Constitución.
Los partidos firmantes de esta solicitud son Cambio Radical, Centro Democrático,
Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción,
Liberal y Nuevo Liberalismo. Para ellos, el decreto es una clara violación de
varios principios y normas fundamentales de la Carta Magna, e incluso proponen
que el Registrador lo "inaplique" directamente, basándose en el artículo 4 de la
Constitución que permite no aplicar normas cuando son inconstitucionales.
Según los partidos, las vulneraciones son graves y específicas. Mencionan que el
decreto atenta contra el principio del Estado Social de Derecho y la soberanía
popular (Artículos 1 y 3 de la Constitución)2. Además,
consideran que transgrede la
separación de poderes y los límites de las facultades del Presidente de la
República (Artículos 4, 113 y 121), así como el derecho al debido proceso
(Artículo 29).
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Pero el punto crítico de su argumentación se centra en una decisión clave del
Senado de la República. Los partidos subrayan que el pasado 14 de mayo, el
Senado negó formalmente la solicitud del Gobierno para convocar a dicha
consulta. Este paso es un requisito indispensable y obligatorio según el
artículo 104 de la Constitución y las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de
2015. Al insistir con el decreto a pesar de la negativa del Senado, los partidos
ven una "particularmente grave" violación del ordenamiento jurídico.
De igual forma, advierten que permitir la ejecución de este decreto, a pesar de
su "manifiesta inconstitucionalidad", sentaría un precedente institucional muy
serio para el país. Además, implicaría el derroche de recursos públicos en una
convocatoria que, a su juicio, no tiene ninguna base legal. Por todas estas
razones, instan al Registrador Nacional, Hernán Penagos, a ejercer con firmeza
su deber constitucional, protegiendo así el marco legal y la estabilidad
democrática de Colombia.
Petro desafía al Senado y convoca consulta para "blindar" reforma laboral
En un movimiento que ha polarizado la escena política colombiana, el presidente
Gustavo Petro firmó un decreto para convocar una consulta popular el próximo 7
de agosto, a pesar de que la iniciativa fue hundida en el Senado. La decisión ha
desatado una ola de críticas y advertencias sobre posibles consecuencias legales
y disciplinarias.
El mandatario justificó su acción afirmando que la consulta solo se derogará si
el Congreso aprueba la reforma laboral de su Gobierno. "He firmado el decreto
que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los
puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente,
sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para
discutir leyes. Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte
Constitucional", escribió Petro, encendiendo el debate sobre los límites del
poder ejecutivo.
Reacciones encontradas y
advertencias de "golpe"
La respuesta del "país político" no se hizo esperar. La congresista Angélica
Lozano calificó la medida como un "golpe nada blando. Burdo chantaje además".
En la misma línea, el concejal de Bogotá Daniel Briceño anunció acciones legales
contra los ministros firmantes del decreto, declarando: "Ya está lista la
demanda de nulidad y la denuncia contra todos los ministros. No vamos a permitir
que usted extorsione al Congreso y al país, tampoco que pase por encima de la
constitución y la ley".
La consulta como "seguro de
vida" para la reforma
El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Trabajo, Antonio
Sanguino, defendieron la controvertida decisión. Benedetti confirmó que el
decreto se derogará una vez se logre un acuerdo para aprobar la reforma laboral
en el Congreso. Por su parte, Sanguino calificó la consulta como el "seguro de
vida de la reforma laboral", explicando que busca presionar por un acuerdo
similar al aprobado en la Cámara de Representantes.
La consulta como "seguro de
vida" para la reforma
El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Trabajo, Antonio
Sanguino, defendieron la controvertida decisión. Benedetti confirmó que el
decreto se derogará una vez se logre un acuerdo para aprobar la reforma laboral
en el Congreso. Por su parte, Sanguino calificó la consulta como el "seguro de
vida de la reforma laboral", explicando que busca presionar por un acuerdo
similar al aprobado en la Cámara de Representantes.
¿Qué implica la consulta
popular?
El decreto presidencial, que ha sido enviado a la Corte Constitucional para su
aval, subraya que la consulta popular no solo es un mecanismo de participación
ciudadana, sino una herramienta estructural del sistema de frenos y contrapesos.
Su función, según el
texto, es resolver impases entre el
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Ejecutivo
y el Legislativo, restaurando la gobernabilidad cuando el diálogo institucional
se fractura. Se presenta como una garantía institucional y una expresión de la
democracia deliberativa.
Las campañas por el Sí y por el No a la reforma laboral se permitirán hasta el 6
de agosto, un día antes de la fecha propuesta para que los colombianos acudan a
las urnas. La realización de la consulta popular dependerá finalmente del
concepto favorable de la Corte Constitucional, que ahora tiene la última palabra
sobre la legalidad y viabilidad de este audaz movimiento del presidente Petro.
Decreto que convoca consulta
popular fue enviado a la Registraduría
Luego de que el presidente Gustavo Petro, junto con su gabinete ministerial,
presentaran un decreto para convocar a una consulta popular, que fue firmado por
el mandatario, este documento ya fue radicado en la mañana del viernes 13 de
junio en la Registraduría Nacional del Estado Civil, encendiendo un debate
jurídico y político que definirá el rumbo de esta iniciativa gubernamental.
Los partidos políticos no se quedan de brazos cruzados y le solicitaron al
registrador nacional, Hernán Penagos, que aplique la figura de la “excepción de
inconstitucionalidad”. Este recurso legal, que permite no ejecutar una norma
cuando se considera contraria a la Constitución, se ha convertido en el eje
central de la discusión, ya que su aplicación podría determinar si la consulta
se realiza o no. La solicitud de los partidos busca frenar este proceso,
argumentando posibles conflictos con la Carta Magna.
El decreto llega a la Corte
Constitucional
Paralelamente a la radicación en la Registraduría, el Decreto 639 del 11 de
junio de 2025, firmado por el presidente Petro, fue enviado a la Corte
Constitucional para su revisión. El secretario jurídico de la Presidencia,
Augusto Alfonso Ocampo, remitió el documento por correo electrónico al
presidente del alto tribunal, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Este paso es
crucial para determinar si la medida cumple con las disposiciones legales
establecidas en la Constitución.
"En cumplimiento de lo establecido en el artículo 241, ordinal 3, de la
Constitución Política, así como en atención a lo señalado en el artículo 7 del
Decreto 639 del 11 de junio de 2025 ‘por el cual se convoca a una consulta
popular nacional y se dictan otras disposiciones’, remito el mencionado decreto,
con el objeto de que se adelanten las actuaciones correspondientes a su control
jurisdiccional”, expresó Ocampo en la comunicación.
El decreto establece que la consulta popular se llevaría a cabo el próximo 7 de
agosto, convocando a todos los ciudadanos inscritos en el censo electoral. Sin
embargo, esta iniciativa enfrenta un desafío significativo: la consulta fue
previamente hundida en el Senado. A pesar de este revés legislativo, el Gobierno
ha decidido avanzar con la medida, solicitando a la Registraduría Nacional que
organice el proceso electoral para la fecha señalada.
La radicación del decreto en la Registraduría Nacional no solo pone en marcha un
proceso administrativo, sino que también abre un debate jurídico y político que
podría definir el rumbo de esta iniciativa gubernamental. Si la Registraduría
decide proceder, el siguiente paso sería la expedición del calendario electoral
y la gestión de recursos ante el Ministerio de Hacienda para garantizar la
instalación de mesas de votación tanto en Colombia como en el exterior. Este
proceso implicaría una movilización logística y financiera significativa, en un
contexto marcado por la polarización política y las disputas legales.
Múltiples demandas en el
Consejo de Estado
La batalla legal contra el decreto de la consulta popular no se limita a la
Corte Constitucional. El Consejo de Estado ha recibido hasta el momento ocho
demandas de nulidad y una acción de tutela en contra del decreto presidencial.
Adicionalmente, en la Corte Constitucional, la senadora Paloma Valencia ha
solicitado la suspensión provisional de la medida mientras se realiza un
análisis de fondo sobre su legalidad.
La consulta popular propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro ha generado un
amplio debate en el ámbito político y jurídico de Colombia, y las decisiones de
los altos tribunales serán fundamentales para su futuro.
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