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¿Revivirá la reforma laboral?
En medio de un panorama político tenso y fragmentado, dos senadores del Congreso
colombiano han reabierto el debate sobre la reforma laboral que el Gobierno de
Gustavo Petro considera crucial para avanzar en su agenda de justicia social.
Ariel Ávila (Alianza Verde) y Pedro Flórez (Pacto Histórico) radicaron una
ponencia que busca revivir el proyecto archivado, argumentando que no se dio un
debate sustancial antes de hundirlo en la Comisión Séptima del Senado.
El documento, que apoya una apelación presentada previamente por el senador
Fabián Díaz, también de Alianza Verde, sostiene que se vulneraron principios
democráticos al no debatir a fondo la propuesta. “Negar o archivar esta
iniciativa sin permitir su discusión en condiciones sustanciales equivale a
frustrar una política pública estructural de justicia social”, afirman Ávila y
Flórez en el texto.
Ambos hacen parte de la comisión accidental encargada de estudiar la apelación
y, aunque son siete los senadores que integran dicho grupo, por ahora solo ellos
han entregado un concepto formal. Se espera que en los próximos días también lo
hagan Efraín Cepeda (Conservador), Juan Pablo Gallo (Liberal) y Angélica Lozano
(Alianza Verde), lo que podría cambiar el rumbo del proyecto.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional, aunque sigue de cerca el curso de esta
apelación, parece tener su mirada puesta en otro frente: la consulta popular.
Desde el oficialismo consideran que ese es el camino más “seguro” para legitimar
la reforma laboral ante la ciudadanía, incluso si el Senado decide darle una
segunda oportunidad al proyecto apelado.
No es el único movimiento en el tablero. La llamada "mini reforma" laboral,
radicada por el Partido Liberal, ya cuenta con ponencia positiva. Esta
alternativa ha generado incomodidad en la Casa de Nariño por suavizar puntos
clave de la propuesta original, como el inicio de la jornada nocturna, que
volvería a ser a las 8:00 p.m. en lugar de las 6:00 p.m., como pretende el
Gobierno.
En este clima de incertidumbre y estrategias cruzadas, la plenaria del Senado
tendrá la última palabra: si permite revivir el debate o si, por el contrario,
todo queda en manos de una consulta que aún no tiene fecha definida.
Petro responde con firmeza al ‘plan pistola’: “No
vamos a retroceder”
El presidente Gustavo Petro rompió el silencio frente a la ola de violencia que
golpea a la fuerza pública en Colombia y que ya deja al
menos 19 policías y 12 militares asesinados en menos de un mes (al cierre d eta
edición). A través de un mensaje contundente en su cuenta de X, el mandatario
anunció que el Gobierno arreciará su ofensiva contra el Clan del Golfo y otras
estructuras armadas ilegales que están detrás del llamado ‘plan pistola’.
“Nosotros no vamos a retroceder”,
afirmó Petro, quien también advirtió que si estos
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grupos no se acogen a la ley y
abandonan las armas, se conformará una alianza internacional para
desmantelarlos. Incluso mencionó que llegarán hasta sus “aliados en Dubái”,
dejando claro que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado
trasciende fronteras.
El ‘plan pistola’, como se ha llamado a la estrategia violenta empleada por
estos grupos para asesinar sistemáticamente a uniformados, recuerda los peores
episodios del país en épocas de Pablo Escobar. Las recientes acciones violentas
han tenido como epicentros los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar y
Guaviare, y estarían motivadas por la muerte de alias Chirimoya, uno de los
hombres cercanos a alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo.
La situación se agravó con una emboscada en Guaviare que cobró la vida de siete
soldados del Batallón de Infantería N.º 19 Joaquín París. El atentado fue
atribuido a la Compañía Isaías Carvajal del Bloque Jorge Briceño, una disidencia
de las FARC comandada por alias Calarcá. Lo paradójico es que el ataque ocurrió
justo una semana después de que Petro firmara el decreto que suspendía
operaciones ofensivas contra esa estructura como parte de un proceso de
distensión. El presidente solicitó ahora que una comisión independiente
investigue los hechos.
“Una comisión debe examinar las circunstancias del ataque en Guaviare a la luz
de la decisión de disminuir el cese al fuego”, dijo Petro, dejando entrever que
la confianza depositada en algunos sectores armados fue traicionada.
Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ofreció una recompensa de
hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los
responsables de estos asesinatos, y hasta 20 millones por datos que ayuden a
evitar nuevos ataques.
Mientras tanto, el país se enfrenta al dolor de las pérdidas. Detrás de las
cifras hay nombres, familias y sueños truncados. Hombres y mujeres de la Policía
y el Ejército asesinados, muchos de ellos fuera de servicio, víctimas de una
estrategia cobarde que busca intimidar al Estado y frenar su presencia en zonas
claves.
La pregunta que queda en el aire es si esta vez, con decisiones firmes y
coordinación entre las instituciones, el Estado logrará contener la ofensiva
criminal sin alimentar más la espiral de violencia. Por ahora, el presidente ha
dejado claro que no habrá marcha atrás.
Cámara aprueba ley que dignifica la labor de los
concejales municipales
Con una amplia mayoría, la plenaria de la
Cámara de Representantes aprobó el informe de conciliación del
proyecto de ley que busca fortalecer las corporaciones públicas municipales y
reconocer formalmente el trabajo de los concejales en Colombia. La iniciativa
ahora queda en manos del presidente Gustavo Petro para su sanción y entrada en
vigor.
Se trata de un proyecto de ley orgánica que apunta a mejorar la estructura, el
funcionamiento y las condiciones laborales de los integrantes de los
concejos municipales y de las Juntas Administradoras Locales (JAL), órganos
esenciales para la representación ciudadana y la vigilancia de la gestión
pública en cada municipio.
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El senador Germán Blanco, ponente del proyecto, celebró la aprobación y subrayó
el valor que esta ley tendrá para los más de 12.000 concejales del país.
“Estamos llegando al final de un trámite que dignifica la labor de quienes
representan a sus comunidades. Este es un reconocimiento a quienes, muchas veces
sin garantías adecuadas, ejercen un rol clave en la democracia local”, afirmó.
Durante años, los concejales han reclamado mayor respaldo institucional, mejores
condiciones para ejercer sus funciones y un trato más equitativo frente a otras
figuras de elección popular. Este proyecto responde a esas demandas y refuerza
el papel de las corporaciones locales como pilares de participación y control
ciudadano.
El Gobierno deberá ahora decidir si convierte este proyecto en ley, un paso que
muchos esperan como una señal de respaldo a la política desde lo territorial. En
un país donde la gobernabilidad comienza desde lo local, fortalecer las
instituciones municipales es también fortalecer la democracia.
Corte avala parcialmente la conmoción interior en el Catatumbo
La Corte Constitucional avaló de forma parcial el decreto con el que el Gobierno
nacional declaró el estado de conmoción interior en el Catatumbo y zonas
vecinas, una medida tomada en respuesta a la agudización de la violencia y la
crisis humanitaria en la región. El fallo, emitido el pasado 24 de abril,
establece límites claros al alcance del decreto, priorizando la protección de
los derechos fundamentales de la población y el fortalecimiento de la fuerza
pública.
El alto tribunal consideró que el Decreto Legislativo 62 de 2025 es
constitucional únicamente en lo que respecta a la respuesta ante el incremento
de ataques armados por parte del ELN, disidencias de las FARC y otras
estructuras criminales, que han intensificado el conflicto en el noreste del
país. La Corte subrayó que estas medidas deben aplicarse de forma excepcional y
estrictamente para atender la crisis actual.
Entre los puntos aprobados se encuentran aquellos dirigidos a reforzar la
presencia del Estado en la región, atender a las víctimas de desplazamientos
forzados y confinamientos, y garantizar la seguridad de los firmantes del
Acuerdo de Paz, que han sido blanco de amenazas y ataques.
Sin embargo, el fallo fue enfático en rechazar la utilización del estado de
excepción para abordar problemáticas estructurales que ya existían antes de la
declaratoria, como el narcotráfico, los cultivos ilícitos o el atraso en obras
de infraestructura. La Corte recordó que estas situaciones requieren soluciones
de fondo a través de políticas públicas, no de medidas extraordinarias.
El fallo marca un precedente importante sobre los límites del poder ejecutivo en
situaciones de emergencia, al reafirmar que las medidas excepcionales no pueden
convertirse en atajos para corregir deficiencias históricas del Estado. Mientras
tanto, en el Catatumbo, las comunidades esperan que esta acción contribuya, al
menos parcialmente, a aliviar una violencia que no da tregua.
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