EL ACUEDUCTO DE SALVAJINA

Crónica # 1459

Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=O1zQIjhTJTc

Ahora, cuando los accionistas mayoritarios de Celsia han puesto en venta la hidroeléctrica de Salvajina, las Empresas Municipales de Cali han salido públicamente, con el alcalde de Cali y su gerente, a ofertar por ella ofreciendo pagar buena parte del costo con las acciones que aún conservan (el 18.06%) de la antigua Epsa, antecesora de Celsia.

La posibilidad de compraventa debe haberse hecho igualmente al Departamento del Valle que a través de la CVC conserva el 15.91%. No se conoce la posición de la gobernadora al respecto, pero tratándose de una posibilidad de gran proyección, esa readquisición debe hacerse en conjunto de los dos entes territoriales porque de por medio estaría el proyectado y siempre aplazado Acueducto de Salvajina, que solucionaría el problema del agua para Cali y varios municipios del departamento que ahora sirve la empresa estatal Acuavalle.

La oportunidad la pintan calva. Las opciones de constituir una sociedad entre Emcali y Acuavalle para volver realidad ese acueducto aprovechando la presa de Salvajina y la posibilidad de prestar el servicio de agua por gravedad a tantos millones de habitantes vallecaucanos no se puede perder por egoísmos politiqueros o envidias electoreras. Es una oportunidad generosa para mostrarle al país cómo se trabaja unidos para avanzar hacia el futuro.

Ojalá la entiendan así el alcalde Eder y la gobernadora Toro y, por supuesto, el Concejo de Cali y la Asamblea Departamental a quienes les corresponde dar las respectivas autorizaciones.

Si se ponen de acuerdo y cumplen los trámites legales, esa compra de uno y otro en su totalidad iría como aporte para la nueva sociedad Acueducto de Salvajina. Eso es pensar en grande. No en la vitrina que puede ganarse o perderse electoral o burocráticamente.

Hay que mostrarles a sus gobernados y a Colombia que en el País Vallecaucano somos capaces de negociar la oportunidad y de mirar hacia el futuro.

Octubre 20 del 2026.

Colombia 2027: un presupuesto más grande, una soberanía bajo presión

El presupuesto colombiano para 2027 asciende a 634,9 billones de pesos, por encima de los 555,8 billones vigentes para 2026. La cifra representa una expansión considerable, pero su tamaño no garantiza bienestar. La pregunta fundamental es quién financiará ese gasto, qué prioridades protegerá y cuánto margen conservará el país para decidir su propio rumbo. La aprobación llega en un contexto de presión fiscal y de búsqueda de respaldo financiero ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según reportes recientes, el Gobierno estudia una Línea de Precaución y Liquidez para responder a sus necesidades externas; no se trata de un préstamo desembolsado automáticamente, pero sí de una señal sobre la fragilidad de las cuentas nacionales.

La alarma está en la composición del presupuesto. El servicio de la deuda absorbe una parte creciente de los recursos públicos: pagar obligaciones anteriores compite directamente con invertir en hospitales, escuelas, vías, vivienda, ciencia y adaptación climática. Cuando el Estado recurre a nuevos compromisos para cubrir vencimientos y déficits, corre el riesgo de convertir el endeudamiento en una rueda que nunca se detiene. No toda deuda es irresponsable: financiar infraestructura útil puede ampliar la capacidad productiva. Lo preocupante es endeudarse sin una estrategia para recaudar justamente, combatir la evasión, priorizar inversiones y medir resultados.

La búsqueda de apoyo del FMI merece debate abierto, no consignas fáciles. Una línea precautoria puede fortalecer la confianza de los mercados y ofrecer liquidez en momentos de tensión. Pero el respaldo suele exigir credibilidad fiscal y puede aumentar la presión para aprobar ajustes presupuestarios. Si esos ajustes se traducen en recortes indiscriminados, reducción de inversión social o cargas regresivas para los hogares de menores ingresos, el costo de la estabilidad recaerá sobre quienes menos capacidad tienen para soportarlo. El Gobierno debe publicar los términos, condiciones, costos, riesgos y escenarios de cualquier acuerdo antes de comprometer al país.

La soberanía no desaparece automáticamente por dialogar con el FMI ni por recibir financiación internacional. Se debilita cuando las decisiones esenciales se toman para satisfacer a los acreedores sin deliberación democrática, cuando el presupuesto queda subordinado a metas que la ciudadanía no conoce o cuando una amenaza de pérdida de confianza limita las opciones de política pública.

El aumento presupuestario debe examinarse además con rigor: más gasto nominal no significa necesariamente más servicios, especialmente cuando una parte importante se destina a deuda, funcionamiento y obligaciones rígidas. El Ejecutivo y el Congreso deben explicar qué partidas crecen, cuáles pierden capacidad real frente a la inflación y qué proyectos tienen indicadores verificables. Cada contrato, operación de manejo de deuda y compromiso con entidades financieras debe someterse a transparencia, auditoría y control público.

Colombia 2027: A Bigger Budget, Sovereignty Under Pressure

Colombia’s 2027 national budget totals 634.9 trillion pesos, up from the 555.8 trillion approved for 2026. That is a substantial expansion, but a larger budget does not automatically deliver greater public well-being. The central questions are who will finance this spending, which priorities it will protect, and how much room the country will retain to determine its own course. The budget arrives amid fiscal pressure and the government’s search for financial backing from the International Monetary Fund (IMF). Recent reports say officials are considering a Precautionary and Liquidity Line to address external financing needs. It is not an automatically disbursed loan, but it signals the strain facing national accounts.

The concern lies in the budget’s composition. Debt service absorbs a growing share of public resources: paying past obligations competes directly with investment in hospitals, schools, roads, housing, science, and climate resilience. When a government takes on new commitments to cover maturing debt and deficits, borrowing can become a wheel that never stops turning. Not all debt is irresponsible; financing useful infrastructure can expand productive capacity. The danger is borrowing without a credible strategy for fair revenue collection, fighting tax evasion, prioritizing investment, and measuring results.

Seeking support from the IMF deserves open debate, not simplistic slogans. A precautionary facility may strengthen market confidence and provide liquidity during periods of stress. Yet such support depends on fiscal credibility and can intensify pressure to adopt budget adjustments. If those adjustments lead to indiscriminate cuts, reduced social investment, or regressive burdens on lower-income households, the cost of stability will fall on those least able to bear it. Before committing the country, the government should publish the terms, conditions, costs, risks, and scenarios associated with any arrangement.

Sovereignty does not automatically disappear when a country talks to the IMF or receives international financing. It weakens when essential decisions are made to satisfy creditors without democratic deliberation, when the budget becomes subordinate to targets citizens cannot scrutinize, or when fear of losing market confidence narrows public-policy choices.

The budget increase must also be examined carefully. Higher nominal spending does not necessarily mean better services, particularly when a large share goes to debt, government operations, and inflexible obligations. The executive and Congress should explain which allocations are rising, which are losing real value to inflation, and which projects have measurable outcomes. Every contract, debt-management operation, and commitment to financial institutions should be transparent, audited, and subject to public oversight.

Diagramación

Brahian Navales

Gustavo Pérez González